En los últimos días, Colombia ha sido testigo de una aparente paradoja: mientras se abre el debate sobre si las iglesias deben pagar impuestos, una medida que muchos considerarían un paso hacia la equidad y la consolidación del Estado laico, el gobierno de izquierda nombra como jefe de gabinete a un político de orientación cristiana radical, con antecedentes de declaraciones abiertamente discriminatorias hacia ateos y posturas progresistas.
Este hecho ha generado preocupación entre sectores que defienden la laicidad del Estado, los derechos humanos y la coherencia ideológica del actual gobierno, que de nuevo muestra pocas diferencias de fondo con sus contrapartes de centro y derecha.
¿Por qué deberían pagar impuestos las iglesias?
Como lo señala el gráfico elaborado por Bogotá Atea, permitir que las iglesias estén exentas de impuestos genera varios problemas estructurales:
Equidad Fiscal: Las iglesias poseen propiedades e ingresos significativos. Al no pagar impuestos, se traslada esa carga a otros ciudadanos, muchas veces menos favorecidos económicamente.
Separación Iglesia-Estado: Eximir a las iglesias equivale a un subsidio indirecto del Estado hacia las religiones, contradiciendo el principio constitucional de separación entre lo público y lo religioso.
Subsidios encubiertos: Las exenciones tributarias a iglesias funcionan como subsidios ocultos que el Estado otorga a una actividad que, en principio, debería mantenerse separada de lo estatal.
Responsabilidad financiera: Obligar a las iglesias a pagar impuestos permitiría mayor control y transparencia sobre sus finanzas, especialmente en contextos donde su poder político y económico es creciente.
Justicia social: Las iglesias hacen uso de servicios públicos —policía, bomberos, infraestructura— que son sostenidos por los impuestos del resto de los ciudadanos. Es lógico y justo que contribuyan también.
¿Un gabinete que contradice la laicidad?
Frente a este panorama, la designación de un jefe de gabinete con una agenda religiosa ultraconservadora pone en entredicho los avances hacia un Estado realmente laico. No se trata únicamente de credos personales, sino del uso del poder público para amplificar discursos religiosos con tintes excluyentes.
Este nombramiento no es neutro. Llega en un momento en que el gobierno parece querer conquistar ciertos votos conservadores a costa de principios que tradicionalmente han defendido los movimientos progresistas: la igualdad, la diversidad, la autonomía de pensamiento y la libertad de conciencia.
¿Y los derechos de niños y niñas?
Desde Children’s Spaces, creemos que un entorno político que refuerza discursos religiosos extremos puede tener consecuencias sobre los derechos de niños, niñas y adolescentes. Cuando desde las instituciones se promueve la intolerancia hacia quienes piensan distinto —ateos, personas LGBTIQ+, mujeres autónomas—, se está sembrando una cultura de exclusión que afecta profundamente la construcción de una sociedad plural y respetuosa.
Esta preocupación también ha sido señalada por organizaciones como Humanistas Internacionales, en su más reciente Freedom of Thought Report, Colombia aparece con observaciones importantes sobre la falta de una separación clara entre Iglesia y Estado, especialmente en áreas como la financiación pública de entidades religiosas, la educación confesional obligatoria y la creciente influencia de discursos religiosos en la política pública. Estos factores representan un riesgo para la libertad de conciencia y los derechos fundamentales.
¿Qué defendemos?
Un Estado laico, sin privilegios para ninguna religión.
Una política fiscal justa, donde todas las organizaciones que generen ingresos contribuyan al bienestar común.
Una institucionalidad que no premie discursos de odio ni use la fe como moneda de cambio electoral.
El derecho de niñas y niños a crecer en una sociedad plural, crítica y libre de dogmas impuestos desde el poder.
Desde Children’s Spaces seguiremos atentos. Porque la defensa de la niñez también pasa por defender la razón, la libertad de conciencia y la equidad.
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